En Castillo Castrillón Abogados protegemos a personas acusadas y víctimas de amenazas, tanto si la intimidación es física, verbal, digital o de cualquier otra naturaleza.
Intervenimos desde la primera consulta, diseñando estrategias ágiles y eficaces para denunciar un delito o defenderte de él.
¿Qué entendemos por delito de amenazas?
Un delito de amenazas es aquel producido por quien anuncia a otra persona la intención de causarle un mal grave y creíble, generando en la víctima un estado de alarma, miedo o sometimiento. Puede ser en persona, por teléfono, mensajes, redes sociales o cualquier medio.
Amenazas directas
Condicionales (“si no haces esto, te haré daño”)
Reiteradas y agravar si afectan derechos fundamentales o implican delitos graves
Denuncia ante la policía o juzgado lo antes posible. Conserva todos los mensajes, grabaciones, capturas de pantalla y busca testigos. Contacta con un abogado penalista para que te asesore y te represente y solicita medidas de protección (orden de alejamiento, medidas cautelares).
¿Qué se considera prueba válida en estos casos?
Mensajes de texto o WhatsApp, correos electrónicos, grabaciones de voz, vídeos, parte psicológico, testigos, llamadas grabadas (según normativa vigente).
¿Qué hago si me acusan injustamente de amenazas?
No declares ni admitas hechos sin abogado. Reúne tus propios mensajes, testigos, grabaciones o cualquier evidencia y confía tu defensa a un penalista experto.
¿Qué tipos de amenazas representan un delito?
Amenazas de muerte, agresión, daños a propiedad, extorsión, amenazas relacionadas con delitos sexuales, libertad o integridad física y amenazas condicionales con exigencia de acciones o dinero.
¿Las amenazas a través de redes sociales o anónimas son delito?
Sí, pueden perseguirse igual, aunque será clave identificar al emisor.
¿Qué penas puede conllevar un delito de amenazas?
De 6 meses a 2 años de prisión para amenazas leves; hasta 5 años para graves; penas agravadas si hay armas, víctimas vulnerables, reincidencia o se persiguen fines delictivos.
